Año 2016 a la fecha

El Código Nacional de Policía y Convivencia aprobado, es claramente inconstitucional en la medida que transgrede derechos y libertades fundamentales, es por ello que:

1. Presenté Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 140 numeral 4 del Código de Policía Nacional

En defensa de todos los vendedores informales, decidí iniciar una acción de inconstitucional contra el artículo 140 numeral 4 de la Ley 1801 de 2016 “por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, ante la Corte Constitucional.

Mediante auto de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), expediente D-11638, el Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio, admitió la acción de inconstitucionalidad.

Así las cosas, la Corte Constitucional falló favorablemente la demanda presentada por mí, mediante la Sentencia C-211 de fecha 5 de abril del año 2017, proferida por el Magistrado Ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo, bajo lo siguiente:

Síntesis de la providencia

La Corte declaró exequible el artículo 140, numeral 4 de la Ley 1801 de 2016, por cuanto el mismo se ajusta al contenido del artículo 82 de la Constitución, que establece como deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular, en concordancia con esta disposición, en tanto que el artículo 24 determina que todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional. Además, el artículo 313 numeral 7 superior encarga a los concejos municipales reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

Aunado a lo anterior, según el artículo 82 de la C.P., el Estado tiene el deber de velar por la integridad del espacio público; es decir, se trata de una carga impuesta por el Constituyente en favor del respeto de estas áreas y evitar que sufran menoscabo en los aspectos físico, social, cultural, urbanístico e incluso jurídico, para que la comunicad pueda desarrollar actividades lúdicas, recreacionales e incluso para valerse de ellas con el fin de transportarse empleando las zonas habilitadas para este propósito, -peatones y ciclistas-, en aras de una convivencia pacífica.

La Corte explicó que, no obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que la preservación del espacio público no es incompatible con la protección que, a la luz de la Constitución, cabe brindar a las personas que, amparadas en el principio de buena fe, se han dedicado a actividades informales en zonas consideradas como espacio público y frente a las cuales, al momento de aplicar las medidas correctivas, se tendrán en cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, en los términos de la jurisprudencia constitucional.

De otra parte, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “multa general tipo 1.” contenida en el numeral 4 del parágrafo 2º, y del parágrafo 3º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, teniendo en cuenta la jurisprudencia que se ha desarrollado sobre la necesidad de, dadas ciertas condiciones, proteger a quienes se han dedicado a las ventas informales.

La Corporación resaltó que los miembros de este sector de la población, cuando estén en condiciones de vulnerabilidad y se encuentren amparados por el principio de confianza legítima, no serán afectados con las medidas de multa, decomiso o destrucción del bien, hasta tanto las autoridades competentes hayan ofrecido programas de reubicación o alternativas de trabajo formal.

Puntualizó la Corte que, en todo caso, la aplicación de las medidas correctivas previstas en el Código está presidida por los principios de razonabilidad y proporcionalidad y que, en ese contexto, si bien tales medidas tienen una finalidad importante e imperiosa, cuando se esté frente a colectivos en condiciones de vulnerabilidad y amparados por la confianza legítima, la aplicación inmediata de la multa, el decomiso o la destrucción de bienes, resultaría desproporcionada, si previamente no se han adelantado programas de reubicación o alternativas de trabajo formal, que materialicen los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo.

Con este fallo, seguimos defendiendo a los vendedores informales en las calles, con el fin de garantizar sus derechos constitucionales al trabajo, confianza legítima, mínimo vital y dignidad humana.

Presenté Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 35 numeral 2 de la ley 1801 de 2016.

Solicité de manera respetuosa a la Honorable Corte Constitucional que declaré la inconstitucionalidad de los artículos 35, numeral 2; 150 de la ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.  

(…) Artículo 35. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía”.

“Artículo 150. Orden de Policía. La orden de Policía es un mandato claro, preciso y conciso dirigido en forma individual o de carácter general, escrito o verbal, emanado de la autoridad de Policía, para prevenir o superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia, o para restablecerla.

Las órdenes de Policía son de obligatorio cumplimiento. Las personas que las desobedezcan serán obligadas a cumplirlas a través, si es necesario, de los medios, medidas y procedimientos establecidos en este Código. Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, la autoridad conminará a la persona para que la cumpla en un plazo determinado, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

Esta demanda se orienta a un pronunciamiento de la máxima instancia constitucional, respecto de las normas que definen la orden de policía y establecen una consecuencia jurídica para los particulares que la incumplan o desconozcan el carácter obligatorio de la misma.

Los artículos 35, numeral 2; 150 de la ley 1801 de 2016, violan los artículos 1 y 2 de la Constitución Política que identifican a nuestra forma de organización política y administrativa, como un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto por la dignidad humana, la supremacía de la Constitución y una serie de principios y valores que dan sentido a esta connotación.

La redacción de las normas objeto de reproche, atenta contra los fines esenciales del Estado, al establecer sin condición alguna, el deber de cumplir toda orden de policía, so pena de incurrir en la contravención que tipifica desacato a la autoridad, circunstancia que en la práctica posibilita el desconocimiento del deber de la autoridad de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la vigencia de un orden justo.

Desconocen las normas objeto de censura que las autoridades de la República están instituidas, para proteger los derechos y libertades de todas las personas residentes en Colombia, labor fundamental para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.